Retos y Futuro del Desarrollo Económico Local
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quen y faciliten cooperación e intercambio de información. Ello se traduce en normas
sociales y hábitos que generan confianza y capital social (Putnam, 2000). En tercer
lugar, también se apunta a la necesidad de encontrar una voluntad mutua por parte
de agentes locales, para involucrarse en un objetivo común de desarrollo. Se acepta
que la orientación de la línea común de desarrollo está influenciada por los patrones
específicos de dominación y de poder relativo de los agentes (Stone, 1989) lo que, a
su vez, y como aspecto positivo, permite establecer relaciones de confianza a nivel
local (Raco, 1998). La estructura de las relaciones es un reflejo del poder relativo de
las diferentes organizaciones, su dimensión y su tipo de recursos, su importancia fin-
anciera y su independencia o dependencia organizativa y financiera de factores ex-
ternos tales como las decisiones a nivel regional o nacional (Amin y Thrift, 1994). Por
último, se enfatiza que la estructura de dominación y los patrones de coalición ayudan
a la coordinación y a la socialización de los costos y el control
sobre los free riders, es decir las personas que se aprovechan
de las acciones colectivas emprendidas por otras organiza-
ciones o iniciativas (MacLeod y Goodwin, 1999).
Estos esquemas de desarrollo local han funcionado, en mayor o
menor medida y con diferentes niveles de acierto en función de
las características de cada territorio, hasta la actualidad. En ellos,
el sector público ha tenido un papel más o menos activo depen-
diendo de la trayectoria histórica del territorio y de la cultura políti-
co-económica dominante. Con todo, en el caso español, el sector
público ha mantenido un papel de liderazgo mayor que el que se
le otorga generalmente en el ámbito anglosajón. Aun siendo así,
como Swyngedouw (2005) argumenta, el tradicional papel central del sector público en
materia de toma de decisiones políticas se ha ido transformando, a partir de la década de
los noventa, hacia nuevas formas de gobernabilidad más allá del Estado, en las que grupos
económicos e instituciones han ido ganando peso en la política local.
Hasta el inicio de la crisis actual, este tipo de gobernabilidad no implicaba que el sec-
tor público hubiese quedado anulado, sino que partes del sector público participaba
en instituciones y redes de asociaciones horizontales con el sector privado y, en oca-
siones, con la sociedad civil, especialmente con organizaciones no gubernamentales.
Era evidente, tal como señala Fairbanks (2009) en su estudio de la vivienda social
en los EEUU, que se estaba produciendo un desplazamiento del asistencialismo, a
través del cual el Estado redistribuía el riesgo, la responsabilidad y las funciones de
reglamentación, hacia estrategias de auto-ayuda en las que los individuos se hacen
directamente responsables de la búsqueda de soluciones dentro del post-Estado del
bienestar. Esta tendencia, que estaba más mitigada en Europa, se ha visto impulsada,
sin embargo, con la gestión de la crisis, especialmente en los países mediterráneos.
El caso de la crisis hipotecaria en España ilustra este punto de forma evidente. Los
errores en la falta de regulación y la extralimitación financiera del sector bancario se
han desplazado a las familias, las cuales se han tenido que auto-organizar gracias a la
ayuda de plataformas ciudadanas cuyo trabajo ha avanzado con grandes dificultades
(Colau y Alemany, 2013).
Estos esquemas de
desarrollo local han
funcionado, en mayor
o menor medida y con
diferentes niveles de
acierto en función de
las características de
cada territorio, hasta
la actualidad
