El desarrollo local en el ámbito de las políticas activas de empleo. El papel de los profesionales

Javier González Cardona
Presidente de la Federación Estatal de Profesionales del Desarrollo Local (FEPRODEL)

Durante las tres últimas décadas, las estructuras de Desarrollo Local en España han tenido una implantación territorial muy desigual, existiendo grandes diferencias entre ellas. Mientras que en algunos territorios encontramos Agencias de Desarrollo Local consolidadas, como es el caso el de las agencias integradas en la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo (GARAPEN), o a nivel estatal las agencias que forman parte de Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL), o los municipios del Foro de Ciudades por el Empleo, lo cierto es que en la mayoría de los casos a nivel estatal predominan las microestructuras de desarrollo local, muchas de ellas de carácter unipersonal1. Este modelo, criticado en ocasiones por su dispersión y atomización, ha contado con un creciente reconocimiento por parte de los agentes económicos y sociales en el ámbito local, la ciudadanía y la propia Administración Local, despertando cada vez un mayor interés en diferentes universidades que han integrado en sus titulaciones oficiales la formación de técnicos en desarrollo local.

La particularidad de esta realidad ha dado lugar a un gran número de profesionales trabajando como agentes de empleo y desarrollo local en muchos municipios. Sin embargo, este modelo también se caracteriza por una carencia de estructuras públicas intermedias de coordinación que permitan optimizar de modo más eficiente el trabajo desarrollado por los profesionales a escala local2. Y en la mayoría de los casos, los agentes de empleo y desarrollo local que trabajan en estos municipios, lo hacen vinculados a un programa de subvenciones públicas en el marco de las políticas activas de empleo que tiene su origen a mediados de los años ochenta.

Según la Federación Estatal de Profesionales del Desarrollo Local (FEPRODEL), a principios de 2012 existían en España más de 8.000 profesionales de Desarrollo Local trabajando en el sector público, que contribuían directamente a la creación de una media anual de más de 40.000 empresas, y una inserción laboral que oscilaba entre las 320.000 y las 680.000 personas al año3, estando consideradas las Agencias de Desarrollo Local en su conjunto como la principal plataforma de apoyo a emprendedores existente a nivel estatal4.

Estos datos sitúan al programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local entre los más eficientes y rentables para la inversión pública, debido a su gran impacto y al efecto multiplicador que ha generado en todos sus años de implantación.

Con la aprobación de la Estrategia Española de Empleo5 se definió un nuevo marco para las políticas activas de empleo a nivel estatal y autonómico. Paradójicamente, lo que tenía que haber significado el establecimiento de un nuevo modelo de servicios a la ciudadanía que sustituyese al modelo basado en la gestión de subvenciones, ha venido acompañado de drásticas reducciones presupuestarias que, unidas al incremento de los niveles de desempleo, ha llevado a los servicios públicos de empleo a verse absolutamente desbordados y no poder garantizar este derecho a la ciudadanía.

En lo que se refiere al desarrollo local como política activa de empleo, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 incluye el desarrollo económico territorial entre sus ámbitos de actuación y mantiene que el enfoque local es un marco idóneo para la detección y el aprovechamiento de nuevas posibilidades productivas no explotadas todavía, por lo que resulta imprescindible impulsar y gestionar en él actuaciones que tengan por objeto la creación de empleo y la actividad empresarial. En esta misma línea, destaca la cooperación institucional entre administraciones públicas como un elemento indispensable para la puesta en marcha de medidas eficaces en materia de políticas activas de empleo, como también lo es la dinamización de estas políticas en el ámbito local.

No es la primera vez que una norma de ámbito estatal hace un reconocimiento en este sentido. Desde su aprobación en 2003, la vigente Ley de Empleo6 alude a la necesaria colaboración de las diferentes administraciones públicas y destaca que las políticas de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deben tener en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan y apoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.

Por otra parte, estamos asistiendo a una reforma legislativa que pretende reducir las competencias de los Ayuntamientos a unos niveles mínimos, lo cual va a dificultar la existencia de Mancomunidades y otras estructuras de Desarrollo Local que, en muchos casos, han demostrado su validez para responder a las necesidades de desarrollo territorial a través de pactos territoriales por el empleo o grupos de acción local.

En efecto, la reciente modificación de la Ley de Bases de Régimen Local7, aunque no lo prohíbe explícitamente, no va a facilitar en absoluto que los municipios puedan ejercer competencias en materia de políticas de empleo o promoción de la actividad empresarial. El nuevo marco no contempla estas materias como competencias propias de los entes locales. Tampoco figuran en la relación de competencias delegables por el Estado o las Comunidades Autónomas, aunque en este caso se da a entender que no se trata de una lista cerrada. La delegación de competencias se basará en criterios relativos a evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos o contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos. En definitiva, no se pretende aproximar la gestión a los ciudadanos, simplemente procederá la delegación si se produce un ahorro8.

En este contexto, también se permite ejercer a los municipios competencias distintas de las propias y de las delegadas, siempre que el ejercicio de las mismas no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, debiendo obtener los informes justificativos de su cumplimiento, emitidos, con carácter previo y vinculante, por las Administraciones competentes9.

Evidentemente, el escenario planteado por la reforma no va a ser muy favorable para el desarrollo de la dimensión local previsto en la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, y en la propia Ley de Empleo de 2003, ambas en vigor, poniendo serias trabas al ejercicio de competencias y la creación de estructuras relacionadas con el desarrollo local, y dificultando la participación de los Ayuntamientos en la promoción de iniciativas económicas y de empleo.

En conclusión, desde 2012 estamos asistiendo con perplejidad a una serie de recortes y reformas estructurales en las administraciones públicas que poco o nada tienen que ver con el impulso de la actividad económica y el empleo y cuyas consecuencias sociales están todavía por determinar. En la mayoría de los casos, estas medidas se están llevando a cabo sin tener en cuenta la repercusión y la incidencia sobre la creación de empleo y nuevas empresas que han tenido determinadas políticas públicas. Ni siquiera se ha analizado seriamente su sostenibilidad ni el retorno que ha producido para las arcas públicas cada euro invertido en ellas. Éste sería el caso del programa de agentes de empleo y desarrollo local, uno de los más eficientes y rentables para la inversión pública, debido a su enorme impacto y al efecto multiplicador que ha generado en todos sus años de implantación.


1 SANCHIS PALACIO, J.R. El papel del Agente de Empleo y Desarrollo Local en la implementación de las políticas locales de empleo y en la creación de empresas en España, Estudio empírico y análisis comparativo entre CC.AA. Madrid: Ed, Informes y Estudios Empleo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2006, 365 p.

2 GONZÁLEZ CARDONA, J. El agente de empleo y desarrollo local: competencias profesionales y trabajo en red. En FUERTES, A.M. y GATICA, L. De la economía global al desarrollo local. Valencia: Ed. PUV (Publicacions de la Universitat de València), 2008. p. 241-254.

3 FEDERACIÓN ESTATAL DE PROFESIONALES DEL DESARROLLO LOCAL (FEPRODEL). La apuesta de FEPRODEL por el Desarrollo Local. www.feprodel.org. Madrid, 2012.

4 Servicios de Apoyo a la Persona Emprendedora en España. Observatorio de la PYME. Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Madrid, 2010.

5 REAL DECRETO 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014. BOE nº 279 de 19-11-2011.

6 Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. BOE núm. 301 de 17 de Diciembre de 2003.

7 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. BOE núm. 279 de 30-12-2013.

8 FLORES JIMÉNEZ, L.E. El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Novedades de la versión definitivamente aprobada. Diario del Derecho Municipal, Iustel, 4 de septiembre de 2013.

9 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS Y DE COORDINACIÓN TERRITORIAL. Competencias municipales relativas al fomento del empleo, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. www.femp.es. Madrid, 2014.