Políticas de austeridad y rol del sector público: reflexiones desde la necesidad de cambio del paradigma en desarrollo local

Antònia Casellas, Ph.D.,
Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona

3.1 Introducción

En el contexto de las políticas de austeridad impuestas en respuesta a la crisis iniciada en 2007, el presente artículo trata de aportar elementos de reflexión en torno a los retos y prioridades a plantearse en la búsqueda de estrategias de desarrollo económico local, vinculando el debate al rol que el sector público puede ejercer. Para ello resulta necesario discutir e identificar las limitaciones de una sociedad regida por estrictos criterios de mercado y avance tecnológico, y abrir el concepto de innovación, demasiado cerrado y monopolizado por la innovación entendida estrictamente en sentido técnico, hacia la innovación política y social. Así mismo, es preciso cuestionar las estrategias de salida a la crisis actual, en la medida en que las restricciones presupuestarias resultantes de la política de austeridad impuesta adoptan como premisa dominante que la privatización de los servicios públicos garantiza la eficiencia. Esta estrategia no toma en consideración que la presente situación se ha generado dentro de un modelo de crecimiento liderado por la dinámica especulativa de los mercados, y desplaza la culpabilidad del fallido modelo dominado por criterios de mercado, al sector público y la esfera individual.

En este sentido, en el presente trabajo se explora cómo y porqué los retos y problemas territoriales y sociales que afrontan las políticas de desarrollo económico local se fraguaron en las condiciones que propiciaron el crecimiento indiscriminado que tuvo lugar desde la década de los años noventa hasta el inicio de la crisis. Ello permite vislumbrar que los problemas actuales no son tanto el resultado generado por la crisis, sino la manifestación de elementos estructurales sobre los que se sustentó el anterior crecimiento y que, a falta de nuevas orientaciones, se están perpetuando en la presente situación agudizando las desigualdades entre grupos sociales y territorios.

El presente análisis parte pues de la posición normativa que considera el sector público como agente fundamental para la promoción de un nuevo paradigma en desarrollo local. En este sentido, el objetivo del artículo es abrir la discusión sobre la presente situación, apuntando a la necesidad de un cambio en el planteamiento del desarrollo local entendido no como sinónimo de crecimiento indiscriminado, sino como nueva viabilidad social y territorial sensible a las necesidades de la población y a las restricciones que impone la cuestión medioambiental y energética. Ello implica un replanteamiento del rol del sector público local que debe dejar de ser un interlocutor orientado a legitimarse gracias al crecimiento económico generado a partir de la interacción con agentes económicos con recursos, a menudo promoviendo un crecimiento desvinculado de sus consecuencias sociales y ambientales, para transformarse en agente incentivador o catalizador de un desarrollo local ligado a cuestiones de equidad social y sostenibilidad medioambiental y energética.

Con la voluntad de avanzar en este debate, en los siguientes apartados se identifican elementos problemáticos del anterior crecimiento que han contribuido a las dificultades que enfrentamos. Se apuntan líneas ideológicas que han marcado las estrategias de crecimiento, al igual que marcos interpretativos que no se han cuestionado apropiadamente. A continuación se plantea una reflexión sobre el rol del sector público, quien por su posición de intermediador es el agente adecuado para coordinar y facilitar proyectos de desarrollo que respondan a criterios de calidad de vida de la población en la medida en que, como destaca Benería (2003), el concepto clave cuando se habla de desarrollo debe hacer referencia a lo que es valioso para una sociedad. Se concluye apuntando la necesidad del replanteamiento del concepto de desarrollo, cuestionando el concepto de innovación estrictamente relacionado con lo tecnológico y ampliando la innovación al ámbito de lo social y lo político.

3.2 Los pilares problemáticos del anterior crecimiento y de las soluciones actuales

En el análisis de las estrategias de crecimiento local a partir de finales de la década de 1980, se pueden identificar cuatro tendencias en políticas de desarrollo local que se han ido afianzando paulatinamente y que suponen un cambio ideológico muy significativo respecto a las políticas incentivadas desde el sector público en las décadas anteriores. Son tendencias que se hacen evidentes inicialmente en el ámbito anglosajón (Jessop, 2002) y que, paulatinamente, se extienden a numerosos territorios de economías avanzadas y que han acabado de consolidarse como de “sentido común”. De forma incongruente estas estrategias, en lugar de cuestionarse a partir de la crisis, se han radicalizado y legitimado como solución a los problemas que contribuyeron a generar.

Esquemáticamente, estas cuatro características incluyen, en primer lugar, el creciente dominio de las políticas de innovación tecnológica y competitividad frente a las políticas tradicionales de empleo y planificación. En segundo lugar, y estrechamente vinculado al primero, se observa cómo los programas de política social y de empleo han quedado subordinados a programas de política de desarrollo y crecimiento económico vinculados a la atracción de capital humano. En tercer lugar, y bajo el término de gobernanza, se ha difundido un tipo de gobernabilidad difusa con paulatina disminución del rol de liderazgo del sector público en contraposición al creciente dominio de coaliciones público-privadas. Finalmente, y acompañado de la dificultad legitimadora del Estado tradicional resultante de la creación de estructuras supra y sub-estatales tanto políticas como económicas, y la expansión de la globalización, se ha incrementado la importancia de la escala local y la responsabilidad individual en la toma de decisiones y la provisión de servicios (Casellas, 2007). Estas líneas de política local se han acentuado en el contexto de las políticas de austeridad, acompañadas de fuertes restricciones presupuestarias.

En la interpretación de la evolución de las políticas de desarrollo local se argumenta que la fuerte competitividad a nivel internacional afecta directamente a las economías locales de países avanzados, incapaces de competir con los costes salariales y bajas regulaciones medioambientales de los nuevos países industrializados. De este modo, frente a fuertes procesos de desindustrialización, las economías locales se intentan especializar en nuevas actividades económicas ligadas al uso intensivo de conocimiento, innovación tecnológica y servicios avanzados, lo cual implica que la creación de empleo en sectores tradicionales disminuye sensiblemente. La política de desarrollo económico local busca por ello fomentar la innovación y la competitividad sustituyendo las políticas de empleo y planificación tradicionales, cercanas a las características y necesidades de la población local. En este contexto, las políticas redistributivas y de cohesión social pierden importancia frente al énfasis que se da a la necesidad de potenciar mercados laborales flexibles y al espíritu empresarial e innovador.

El predominio de las políticas de innovación y competitividad sobre las políticas tradicionales de empleo y planificación popularizan estrategias de desarrollo local basadas en la atracción de capital humano como motor del crecimiento económico local. En esta línea, Florida (2002) ha divulgado la relevancia de las “tres T” (tecnología, talento y tolerancia) expandiendo la idea de que la atracción y retención de la clase creativa es fundamental para el dinamismo económico local. Se considera como clase creativa a aquellas personas que tienen un valor económico para los territorios a través de su creatividad, y se las clasifica a partir de sus niveles educativos, con ocupaciones propias de sectores intensivos en conocimiento, y actividades artísticas. De esta forma, el argumento de Florida se inspira en parte en la idea de la urbanista Jane Jacobs (1969), quien en su defensa de los centros urbanos norteamericanos degradados por el proceso de suburbanización de los años sesenta y setenta, argumentaba que los lugares donde había mayor diversidad cultural y tolerancia se generaba mayor vitalidad económica. Sin embargo, Florida expande el concepto y establece una causalidad entre tolerancia y talento con desarrollo local, implicando que la presencia de la clase creativa en un espacio determinado conduce a la creatividad, lo que a su vez afecta positivamente el crecimiento económico en la forma de un alto nivel de innovación y la expansión de los sectores creativos y de tecnología intensiva.

Esta línea de razonamiento ha mostrado poseer un gran atractivo intuitivo para muchos líderes políticos locales y agentes económicos, pero cuenta con claras limitaciones y ha recibido numerosas críticas (Storper y Scott, 2009). A título de ejemplo, Markusen (2006) demuestra que la clase creativa como la define Florida, es sinónimo de personas con una ocupación vinculada a un elevado nivel educativo, un grupo que es diverso y no necesariamente tolerante y creativo por naturaleza. En contrapartida, Markusen y Schrock (2006) en sus estudios sobre la distribución de artistas en zonas metropolitanas de los EEUU demuestran que altos niveles de creatividad están vinculados a la presencia de artistas autónomos, cuya contribución a la economía local se plasma en su aportación al diseño, producción y marketing de productos y servicios pero que a menudo se subestima dado su alto nivel de autoempleo. De hecho, las teorías que describen el crecimiento económico como una respuesta a los movimientos de personas en busca de preferencias de consumo o estilos de vida pueden ser cuestionadas sobre la base de sus supuestos acerca del comportamiento humano, así como su silencio respecto a la dinámica geográfica de la producción y del trabajo vinculada al territorio (Storper y Scott, 2009).

La importancia del capital humano para el desarrollo local tiene una larga tradición (Becker, 1975). Sin embargo, la aceptación de necesidad de atracción del capital humano como motor de crecimiento en políticas públicas implica que los territorios deban concentrarse en atraer personas con perfil creativo, reduciendo o ignorando las políticas vinculadas al tejido empresarial y social existente en los mismos. Factores tradicionales de localización como la distancia, los costes de transporte o de mano de obra local, la proximidad a los recursos naturales y los mercados pasan a infravalorarse en cuanto las ciudades se clasifican como de carácter postindustrial y se inculca que deben buscar su crecimiento en la economía del conocimiento y los servicios avanzados, generados por innovadores que se reclutan a escala global.

De este modo, museos, galerías de arte, parques, edificios emblemáticos se identifican como los nuevos factores de localización (Clark et al., 2002), al tiempo que el turismo cultural y la creación de marcas territoriales se consolidan como estrategias de crecimiento (Casellas et al., 2010), mientras la cultura pasa de ser el producto de la riqueza para convertirse en la generadora de riqueza dentro de una nueva economía simbólica (Zukin, 1996). En este sentido, edificios emblemáticos y la presencia de amenidades vinculadas a actividades de ocio se convierten en prioridad de muchas políticas locales, aún en municipios en los que ni tienen tradición, ni aportan ninguna estrategia de desarrollo ligada a las potencialidades reales del territorio. En la búsqueda de centralidad y conectividad a escala global, prácticamente todos los planes estratégicos sitúan cualquier ciudad estratégicamente ubicada en el centro de una nueva región funcional o punto de conexión de alguna red de ciudades. Estas estrategias, ampliamente reproducidas por los municipios, han generado numerosos errores, y han sido extraordinariamente contraproducentes ya que, por un lado, operan sobre una narrativa descontextualizada que produce olvido de las condiciones económicas y sociales reales de los municipios, y por otro lado, infravaloran la necesidad de utilizar el desarrollo local para reducir desigualdades sociales y garantizar la calidad de vida de la población (Capel, 2007; Delgado, 2005).

Por otra parte, en lo relativo a la gobernanza, el tradicional modelo de economía mixta, que combinaba las fuerzas del mercado con la planificación del sector público, ha quedado difuminado ante un nuevo modelo de gobernabilidad que enfatiza la importancia de cooperar y de negociar, generando una dispersión del poder en la toma de decisiones, diseño y ejecución (Hajer, 2003). Esta dispersión, si bien amplía los agentes involucrados en la toma de decisiones sobre desarrollo económico, acostumbra a beneficiar a aquellos agentes que son capaces de movilizar recursos, construir coaliciones y generar esquemas de cooperación (Casellas, 2006; Stone, 1989). Esta dinámica de difusión en la toma de decisiones se ha complementado con un creciente énfasis alrededor de la importancia de la auto-organización y la responsabilidad individual (Hacker, 2006). Desde el inicio de la crisis, y dentro de las políticas de austeridad impuestas a los países mediterráneos, la cruzada de responsabilidad personal se ha convertido en ideología de Estado (Peck, 2012), siendo una ideología que enmascara un transvase paulatino de riesgos y errores desde el sector privado al sector público (Harvey, 2011), y desde el sector público al individuo.

La nueva situación ha creado pues una inseguridad económica sin precedentes a nivel personal, fruto de la combinación del creciente énfasis en la eficiencia del mercado y la necesidad de privatización de servicios, con el consiguiente desmantelamiento paulatino del sector público. Esta tendencia global, combinada en España con la crisis hipotecaria, la creciente inseguridad laboral, los cambios en el sistema de financiación de las pensiones, y los crecientes costes sanitarios y educativos, hacen que los escasos datos positivos a escala macroeconómica difícilmente se pueden plasmar en mejoras a escala de economía local o familiar.

3.3 El rol del sector público y el desarrollo económico local

La importancia de la capacidad institucional y la necesaria cooperación del sector público con un amplio grupo de agentes en las decisiones sobre desarrollo local ha sido ampliamente aceptada y estudiada en las últimas décadas desde diferentes escuelas de desarrollo local como son las de los Distritos Industriales italianos (Becattini, 1981), los Sistemas Productivos Locales (Moulaert y Sekia, 2003), y los Milieux Innovateur (Aydalot, 1986; Camagni, 1991). En esta misma línea, Amin y Thrift (1994, 1995) han propuesto el concepto de institutional thickness (espesor institucional) para referirse al conjunto de factores no económicos en el ámbito local que favorecen el crecimiento económico.

Desde estas líneas de pensamiento se enfatiza, en primer lugar, la importancia de contar con una fuerte presencia institucional, la cual se traduce en la necesidad de poseer una multiplicidad y variedad de organizaciones, grupos de empresas, entidades financieras, cámaras de comercio e industria, sindicatos, agencias públicas locales y regionales, agencias de desarrollo, centros de innovación, etc. En segundo lugar, se destaca también la necesidad de una fuerte interacción entre organizaciones locales, tanto de carácter formal como informal, en la forma de contactos regulares que impliquen y faciliten cooperación e intercambio de información. Ello se traduce en normas sociales y hábitos que generan confianza y capital social (Putnam, 2000). En tercer lugar, también se apunta a la necesidad de encontrar una voluntad mutua por parte de agentes locales, para involucrarse en un objetivo común de desarrollo. Se acepta que la orientación de la línea común de desarrollo está influenciada por los patrones específicos de dominación y de poder relativo de los agentes (Stone, 1989) lo que, a su vez, y como aspecto positivo, permite establecer relaciones de confianza a nivel local (Raco, 1998). La estructura de las relaciones es un reflejo del poder relativo de las diferentes organizaciones, su dimensión y su tipo de recursos, su importancia financiera y su independencia o dependencia organizativa y financiera de factores externos tales como las decisiones a nivel regional o nacional (Amin y Thrift, 1994). Por último, se enfatiza que la estructura de dominación y los patrones de coalición ayudan a la coordinación y a la socialización de los costos y el control sobre los free riders, es decir las personas que se aprovechan de las acciones colectivas emprendidas por otras organizaciones o iniciativas (MacLeod y Goodwin, 1999).

Estos esquemas de desarrollo local han funcionado, en mayor o menor medida y con diferentes niveles de acierto en función de las características de cada territorio, hasta la actualidad. En ellos, el sector público ha tenido un papel más o menos activo dependiendo de la trayectoria histórica del territorio y de la cultura político-económica dominante. Con todo, en el caso español, el sector público ha mantenido un papel de liderazgo mayor que el que se le otorga generalmente en el ámbito anglosajón. Aun siendo así, como Swyngedouw (2005) argumenta, el tradicional papel central del sector público en materia de toma de decisiones políticas se ha ido transformando, a partir de la década de los noventa, hacia nuevas formas de gobernabilidad más allá del Estado, en las que grupos económicos e instituciones han ido ganando peso en la política local.

Hasta el inicio de la crisis actual, este tipo de gobernabilidad no implicaba que el sector público hubiese quedado anulado, sino que partes del sector público participaba en instituciones y redes de asociaciones horizontales con el sector privado y, en ocasiones, con la sociedad civil, especialmente con organizaciones no gubernamentales. Era evidente, tal como señala Fairbanks (2009) en su estudio de la vivienda social en los EEUU, que se estaba produciendo un desplazamiento del asistencialismo, a través del cual el Estado redistribuía el riesgo, la responsabilidad y las funciones de reglamentación, hacia estrategias de auto-ayuda en las que los individuos se hacen directamente responsables de la búsqueda de soluciones dentro del post-Estado del bienestar. Esta tendencia, que estaba más mitigada en Europa, se ha visto impulsada, sin embargo, con la gestión de la crisis, especialmente en los países mediterráneos. El caso de la crisis hipotecaria en España ilustra este punto de forma evidente. Los errores en la falta de regulación y la extralimitación financiera del sector bancario se han desplazado a las familias, las cuales se han tenido que auto-organizar gracias a la ayuda de plataformas ciudadanas cuyo trabajo ha avanzado con grandes dificultades (Colau y Alemany, 2013).

Se puede, por tanto, considerar que la crisis está legitimando un modelo que sistemáticamente desplaza la responsabilidad y la culpa de la mala gestión macroeconómica a otras instancias, y que se complementa con una ofensiva contra el Estado del Bienestar y el sector público más cercano al ciudadano, el del ámbito local. Ello se plasma en el recorte de actividades y programas de ayuda social y desarrollo local, junto a la aplicación de una disciplina fiscal extrema a escala sub-nacional, con formas imperativas de recortes en las atribuciones municipales, rondas de privatización y liquidación de activos públicos (Peck, 2012 y 2013). La contraofensiva a esta tendencia no es fácil, pero requiere empezar a debatir la capacidad de reinvención del sector público local.

3.4 Reflexiones finales: de la innovación tecnológica a la innovación social y política

La facilidad con la que los agentes encargados de la promoción de las políticas de desarrollo económico local han internalizado la idea de que la innovación -entendida básicamente como innovación tecnológica- es necesaria e incuestionable, ilustra la poca reflexión crítica que se ha realizado sobre si la innovación tecnológica es realmente necesaria, si es siempre algo positivo para los territorios y su población, y en el caso de que la respuesta sea positiva, sobre quién se beneficia de ella (Shearmur, 2012).

De este modo, primando el concepto de innovación a partir de criterios técnicos se han popularizado diversos conceptos que incluyen las learning cities (OCDE, 2001), creative cities (Hall, 2000; Florida, 2002), intelligent cities (Komninos, 2002), knowledge cities (Van Winden et al., 2007) y finalmente las smart cities (Campbell 2012; Deakin et al., 2012). Ironizando en torno a estas tendencias, Borja (2013) se pregunta si es que hubo alguna vez “ciudades tontas”...

En la búsqueda de alternativas a la presente situación hay dos aspectos que merecen especial atención, y que tienen implicaciones directas sobre qué estrategias se pueden seguir desde el ámbito público en políticas de desarrollo local. El primero hace referencia a la disminución de la capacidad adquisitiva real de amplias capas de la población y la pérdida de calidad de vida; mientras el segundo se refiere a la problemática de la degradación medioambiental y el reto energético. A ningunas de estas dos problemáticas, las teorías arriba apuntadas han aportado soluciones válidas.

A pesar de que la crisis de las economías avanzadas ha puesto de manifiesto las limitaciones en la capacidad de consumo de la ciudadanía, de hecho, la disparidad entre el crecimiento de la oferta de productos y servicios por un lado, y la capacidad de demanda en función de la renta real de las familias de economías avanzadas como la española, por otro lado, no es un fenómeno iniciado con la crisis. Se trata de una tendencia que empezó a manifestarse a partir de los años noventa. La introducción de nuevos procesos tecnológicos y la globalización de la economía, con la aparición de países emergentes orientados a la exportación industrial, generaron problemas de competitividad en las empresas de países industrializados que vieron como su actividad industrial se deslocalizaba o cerraba por incapacidad de competir a bajos precios. Simultáneamente, como consecuencia de la rápida industrialización de nuevos países y las desregulaciones introducidas en el comercio mundial, una sobreoferta de productos inundó los mercados occidentales, cuando amplias capas de su población no podían absorberlos debido al relativo estancamiento de los salarios. La expansión del capitalismo financiero y la financiación a través del crédito al consumo permitió aportar amplia capacidad adquisitiva a familias e industrias, solventado inicialmente las limitaciones de la demanda y competitividad, pero contribuyendo a medio plazo al sobreendeudamiento privado y empresarial, que en el caso de España se vio doblemente afectado como consecuencia de la burbuja inmobiliaria.

El segundo elemento a destacar hace referencia a la poca o nula capacidad de aportar respuestas eficientes a los graves problemas medioambientales, energéticos, de cambio climático y de sostenibilidad en general que mostraron las economías locales, regionales y nacionales durante los años de crecimiento económico. De hecho, el rápido crecimiento económico, en muchas ocasiones fuertemente ligado a la urbanización del suelo (como sucedió en el caso español), no sólo no permitió mejorar los retos de la sostenibilidad ambiental sino que creó las condiciones para agravar la problemática.

La presente situación de crisis y limitación de las capacidades del sector público más cercano al ciudadano, la escala local, agudiza la necesidad de repensar el rol del sector público local y analizar en qué medida puede ayudar a solventar los retos apuntados y cómo debe posicionarse. De hecho, en política urbana hay una inercia en cuanto a la aplicación de soluciones tradicionales. En este sentido, si la administración pública fue durante años un baluarte de iniciativa y cambio, en el contexto de la globalidad, ante la imposibilidad de la administración de pensar de una forma distinta para dar respuestas adecuadas a los nuevos retos, el sector público se convirtió en un agente a remolque de las dinámicas impuestas por los principales sectores económicos y los grandes lobbies corporativos.

El giro copernicano a realizar por el sector público es identificar nuevos objetivos, en los que la protección del medioambiente y la población local pueden ser las bases para un crecimiento económico más sostenible, liderando una innovación desplazada de la esfera técnica para situarse en el ámbito social, ético y de la organización de la producción y del consumo.

A pesar de que podamos considerar que las ciudades se adaptan rápidamente a los cambios propiciados por la tecnología, de hecho los cambios se producen muy lentamente. Las estrategias que las ciudades occidentales han adoptado en el periodo previo a la crisis han implicado cambios respecto a décadas anteriores. Sin embargo, uno de los elementos más significativos en las políticas urbanas ha sido la proliferación de estrategias similares, independientemente de las características específicas de las ciudades. Si deseamos cambiar una tendencia consolidada, entonces debemos centrarnos en cambiar estructuras económicas y políticas. Como consecuencia de ello, la temática de la innovación debe considerarse básicamente un ámbito político y social (Casellas y Poli, 2013).

La creciente concienciación medioambiental prima criterios de proximidad. La sociedad empieza a introducir en su proceso de decisiones el coste real de la producción y el transporte a la hora de cambiar de residencia, de acceder a un puesto de trabajo o consumir un producto. Nuevos valores, especialmente relevantes para los sectores más jóvenes de la población, se plasman en nuevos tipos de vida y de consumo alternativo, más acorde con principios ecológicos responsables. Las crecientes iniciativas en cooperativas de consumidores que conectan a los productores locales con los consumidores sin la presencia de intermediarios; la puesta en valor de la producción “kilómetro 0”, es decir, la producción cercana; la presencia de consumidores interesados en informarse sobre las características del proceso productivo como criterio de elección de un producto, son indicadores de un cambio de tendencia por parte de la población. La actividad productiva atenta a estas nuevas tendencias está replanteando sus estrategias respondiendo a la demanda de estos nuevos mercados a través de la producción de productos ecológicos y la introducción de prácticas corporativas responsables. Estos cambios en los valores de la población y en los modelos productivos y de consumo indican que no se puede seguir desvinculando territorio y usos sin tener en cuenta la distancia que separa unos de otros.

En la organización de los temas principales en política de desarrollo local se deben establecer prioridades, y considerar que los ejes claves son la calidad del medio ambiente, la integración multicultural y la formación de nuevas comunidades (Poli, 2009). El reto medioambiental es indiscutible y deber ser afrontado como prioridad, sobre todo, teniendo en cuenta el proceso de rápida urbanización mundial siguiendo los patrones occidentales, la creación de grandes infraestructuras, la dependencia abusiva e irracional de materias primas no renovables, y los problemas de contaminación crecientes, que se están convirtiendo en un problema acuciante. La idea de espacios nacionales, regionales y urbanos homogéneos ya no existe (Poli, 2011). El proceso de multiculturalidad urbana es irreversible, y en este contexto de diferenciación cultural, la utopía necesaria para un mejor futuro de las ciudades es la creación de espacios de posibilidades de coexistencia de utopías distintas. Es decir, se trata de crear un amplio marco espacial y social que conceda la oportunidad a grupos dispares para manifestarse y expresar su creatividad.

La aparición de la crisis a partir del 2007/2008, no ha cuestionado, pues, la legitimidad de las políticas que se impusieron en las décadas previas, sino que, paradójicamente ha consolidado su aplicabilidad. Podríamos ironizar que parte de esta contradicción vendría justificada por el aforismo de Mark Twain, quién apuntaba que “la persona que solo tiene un martillo, todos los problemas le parecen un clavo”. Así, sin entrar en el debate sobre la validez e idoneidad del término neoliberalismo y su supremacía para definir el presente contexto, lo que sí se puede afirmar es que, a pesar del caos imperante, el modelo dominante continúa imponiendo los mismos criterios de política económica anterior a la crisis, y aún, si cabe, con mayor vigor. Como autocrítica podemos apuntar que buena parte de ello se debe a la falta de un discurso alternativo articulado, y al hecho de que no se han generado opciones serias de cambio amplio desde el ámbito político y social (Centeno y Cohen, 2012; Hall, Massey y Rustin, 2013).

Entre los retos más importantes del sector público local se encuentra la necesidad de un replanteamiento serio sobre qué debe ser el desarrollo local, siendo necesario para ello generar un debate sobre la posibilidad y necesidad de alternativas realistas de desarrollo acordes a las necesidades de amplias capas de la población local y las singularidades específicas de los territorios. Como afirmaba el sociólogo Stuart Hall, recientemente fallecido, estos no son tiempos para la adaptación, sino para el cambio.