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El 18 de diciembre la AMB participó, conjuntamente con las otras instituciones y entidades promotoras, en la presentación del convenio entre la Generalitat de Cataluña y las compañías suministradoras para afrontar la pobreza energética en Cataluña.
El convenio propone que las empresas eléctricas y de gas asuman la deuda acumulada de unidades familiares acreditadas como vulnerables hasta la fecha de la firma de los convenios.
El documento también propone que, a partir de la firma de los convenios, las compañías suministradoras colaboren con las administraciones para hacer frente a estos gastos. De este modo, la Generalitat de Cataluña creará un Fondo de Atención Solidaria que estará financiado al menos en un 60% por las compañías suministradoras y como máximo en un 40% por las administraciones públicas. Las aportaciones de las administraciones públicas al Fondo serán del 50% por parte del Gobierno de la Generalidad y del 50% por parte del conjunto de administraciones locales y supralocales.
El documento también establece la constitución de un órgano gestor que centralizará la comunicación con las empresas suministradoras y que determinará,Ley 24/2015 .
Entre otras obligaciones, las compañías se comprometen a realizar una promoción activa del bono social y una adaptación de éste a la situación económica de Cataluña, indexando a la IRSC , también con la consecuente reducción y optimización de la potencia de consumo.
En el acto de presentación estuvo presente, en representación de la AMB, el coordinador de Programas de Políticas Sociales, Guillem Espriu.